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Por. Antero Flores-Araoz E.
Nuestra Constitución determina que el Presidente de la República nombra y remueve al Presidente del Consejo de Ministros, y nombra y remueve a los demás ministros a propuesta y con acuerdo del Presidente del Consejo mencionado, correspondiendo a este último ser después del Presidente de la República el portavoz autorizado del gobierno.

Con el nombramiento por el Presidente de la República y juramentando ante él, los ministros son investidos en el cargo, pero ello no es suficiente, pues dentro de los treinta días de haber asumido sus funciones el Presidente del Consejo en compañía de los demás miembros del gabinete, concurre al Congreso para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión.

El Presidente del Consejo debe plantear cuestión de confianza, que si se la otorga el Parlamento ello en la práctica significa la confirmación en el cargo, y si le es rechazada debe dimitir con sus ministros,  y el Presidente de la República debe aceptar la renuncia y nombra nuevo Gabinete.
La presentación del Consejo de Ministros al Congreso no es acto solamente formal y protocolar, pues tiene que exponer sus planes y generar confianza, la cual se gana y no se regala.  El Congreso,  ejerce control político y determina si el Gabinete Ministerial y la exposición que se le haga es convincente y  satisface para otorgar o no la confianza  solicitada.

En la presentación del Gabinete Cornejo, en dos primeras votaciones y más allá de los tecnicismos reglamentarios, el Congreso dio una clara señal inicial de insatisfacción que el Gobierno no puede dejar de tomar en cuenta, por más que al final se le haya dado la confianza en lo formal pero sin la convicción necesaria.

El ejercicio de las atribuciones gubernamentales y las parlamentarias, constituye el juego democrático de los pesos y contrapesos en lo que se llama el balance de poderes, y no debería generar preocupación ni inestabilidad,  pues la propia carta constitucional señala mecanismos para solucionar las  crisis ministeriales.

El llamado de atención del Parlamento no ha hecho otra cosa que expresar el sentir de la mayoría de los ciudadanos que están preocupados por lo que ven cotidianamente, que no son percepciones sino realidades. Realidad es el semáforo de luz roja o verde que algunos ministros aceptan irresponsablemente de quien no ejerce mandato popular.  Realidad es la irresponsable nominación de “mis ministros” de quien no tiene facultad para tenerlos.

Realidad es la intromisión de quien no es Presidente de la República para enmendar la plana al Jefe del Gabinete. Realidad es que el Presidente de la República declare que su cónyuge “es la autoridad más alta de las decisiones de la bancada” cuando todos sabemos que los congresistas no están sujetos a mandato imperativo.
Estos abusos de ejercicio irregular de poder por quien el pueblo no ha autorizado, son los que ocasionaron la llamada de atención desde el Congreso, lo que requiere acto de contrición, pero sobre todo rectificación en el futuro.

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