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ELECCIÓN DE MAGISTRADOS CONSTITUCIONALES
Por. Antero Flores-Araoz E.

Pese a que todos los miembros del Tribunal Constitucional, salvo su Presidente, tienen mandato vencido y que el Tribunal advirtió al Congreso con tres meses de anticipación a la expiración de los nombramientos, hasta ahora el Parlamento no cumple con elegir a los reemplazantes.

Como una comisión parlamentaria evalúa a los candidatos propuestos para sustituir a cinco magistrados que cesan, es conveniente que ella y el Pleno del Congreso tengan presente que los señores magistrados no constituyen un “paquete” sino que integran el órgano jurisdiccional más importante del país, al que le compete -entre otras- la función de conocer la acción de inconstitucionalidad de las leyes y otras que señala la Constitución.

Por la sentencia del TC que declara la inconstitucionalidad de una norma, ella queda sin efecto y expulsada del ordenamiento legal a partir del día siguiente de su publicación. Ello requiere que el Tribunal esté integrado por abogados de altísimo nivel académico, profesional, moral y democrático, motivo por lo cual la evaluación de los candidatos debe ser sumamente severa y no limitarse al cumplimiento de requisitos formales.

Los requisitos formales que deben cumplir los propuestos son la nacionalidad peruana por nacimiento; estar en ejercicio de la ciudadanía; ser mayor de 45 años; haber sido Juez Supremo o Fiscal Supremo, o Juez Superior o Fiscal Superior durante 10 años; o haber ejercido la abogacía o la cátedra universitaria en materia jurídica  durante 15 años.

La selección de candidatos y la elección por el Congreso no debe agotarse con la verificación de lo antes mencionado sino además buscar a los más calificados, auscultando sus antecedentes, su vocación democrática y de respeto a la institucionalidad jurídica, así como el pleno conocimiento de las competencias que ejercerán y de las que les están vedadas.

Lo señalado anteriormente es relevante para evitar que por el apellido de “supremo” que le dio la Ley Orgánica del TC a su facultad de intérprete de la Constitución como ella lo consideró, pueda pretender el TC como -lo ha hecho algunas veces- emitir sentencias que además de declarar la inconstitucionalidad de normas o de interpretarlas, también llene el vacío de las expulsadas del ordenamiento legal.

El Tribunal puede dejar sin efecto, pero no sustituir la ley desestimada, ya que ello es atribución del Congreso, a quien puede exhortar, pero cuyas funciones no puede usurpar, por más que la doctrina extranjera  o la legislación de otros países lo permitan. Mucho cuidado.

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