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Desaguisado judicial
Justo cuando el respetable presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República reitera su exhortación para que los jueces fallen con el rigor necesario y no caigan en absurdas blanduras o formalismos, una Sala Penal, por mayoría, declara fundada la demanda de habeas corpus de cabecillas terroristas condenados rematadamente, a fin de que los trasladen del establecimiento de máxima seguridad en el país donde están recluidos a otro común supuestamente seguro y con algún beneficio penitenciario.
La cara de desazón –y de rechazo- de la máxima autoridad del Poder Judicial, sólo puede ser comparable con la indignación de la opinión pública.
La sentencia de marras se fundamenta en la paparrucha de que estos reos terroristas ya no “serían un peligro para la sociedad”, y que la privación de los beneficios penitenciarios que los afecta viola presuntamente los derechos humanos y la jurisprudencia de la CDH.
Ambas consideraciones son falsas, porque estos sujetos no califican más que para el internamiento que actualmente les corresponde, y jamás se han rehabilitado o han dejado de ser un peligro social.
En decenas de oportunidades la magistratura ordinaria -y también el Tribunal Constitucional (TC)-, han denegado sistemáticamente este despropósito, pero ahora dos jueces superiores que han arruinado su trayectoria judicial estiman favorablemente un pedido que ofende a la nación y de paso hace cera y pabilo de la doctrina y pronunciamientos jurisdiccionales del TC.
El TC, en numerosas y uniformes sentencias, ha declarado que los beneficios penitenciarios no son derechos o garantías penales, sino medidas dispuestas por el Estado dentro de su política carcelaria, y que su otorgamiento, restricción o privación se justifican siempre que sean razonables y proporcionales con el ilícito penal perpetrado y el reproche social que merecen, máxime si se trata, como en este caso, del delito de terrorismo que agrede a la seguridad de la Nación.
Teóricamente, esta aberración judicial cometida habría quedado consentida y firme, pero gracias al criterio del TC que garantiza la primacía de la Constitución por sobre toda formalidad procesal, cabe extraordinariamente la concesión del recurso de agravio que acaba de ser admitido y que el TC, en honor a su recta línea jurisprudencial, sabrá resolver con la celeridad y justedad que el país exige y le reconoce, fulminando este desaguisado que deshonra al Poder Judicial. !Amén!  (ATC)

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