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Millonarios contratos
A inicios de la década de los 90, cuando existía una grave crisis económica, política e institucional en el país, las entidades públicas suscribían con organismos internacionales –al amparo de reconocimientos de inmunidades y privilegios–  convenios de administración de recursos para otorgar transparencia y celeridad a los procesos de adquisiciones de obras públicas y servicios
Sin embargo con el tiempo este mecanismo se ha ido deformando y muchas entidades del gobierno nacional, regional y local siguen contratando a organizaciones internacionales no sujetas a control (OIM, OEI, UNOPS) argumentando evitar procedimientos engorrosos para agilizar las obras, pero el principal motivo sería evadir controles y fiscalizaciones del sistema nacional de control interno (Poder Judicial, Tribunal Constitucional y Contraloría General), lo que puede posibilitar actos de corrupción.
Actualmente la ley de Contrataciones del Estado y las leyes anuales de presupuesto viabilizan estos convenios asociados a donaciones u operaciones de crédito, transferencias de sus presupuestos, procesos de selección y/o ejecución contractual para adquisición de bienes, servicios u obras, y a pesar que se trata de recursos públicos, no son incluidos en el Plan Anual de contrataciones de cada entidad, desconociéndose la cantidad de convenios y montos transferidos.
Dichos organismos internacionales –que no siempre responden a su finalidad y especialidad– cobran por comisión hasta 3.5%  del costo total de la obra por selección, análisis de propuestas y otorgamiento de buena pro.
Además es muy preocupante que, según la congresista Alcorta, por denuncias “la coima que estarían recibiendo las entidades públicas oscila entre 8 y 10% del total de la obra a ejecutar”.
Bajo este panorama, en el actual gobierno se han triplicado las contrataciones con organismos internacionales (14 entidades con la OIM en obras por S/. 3,000 millones pagando S/.85 millones en “comisiones”).
El presidente Humala cuando era candidato (2011) criticó duramente al ex alcalde Castañeda –por  encargarle a OIM obras pagando S/. 43 millones por comisión argumentando su rapidez– llamándolo “zamarro” que buscaba “cómo sacar su 10%”, pero increíblemente ahora el presidente defiende el uso de este mismo mecanismo para “agilizar las obras”.
A pesar de que la Contraloría General de la República presentó hace 4 años (abril 2010) un proyecto de ley (3976-2009-CG) para posibilitar el control de los recursos públicos y bienes del Estado de entidades públicas en convenio con organismos internacionales, hasta la fecha está impedida de cautelar su correcta y transparente utilización.   (A.P.D.)

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